La nueva ley de educación, conocida como ley Celaá, ha generado mucha controversia desde el momento de su presentación. Cuando gran parte de la población todavía no sabía qué era esta ley, otros tantos clamaban a favor o en contra de una norma que no se aplicará en su totalidad hasta dentro de tres cursos académicos. Mientras tanto, os presentamos algunos de sus principales retos.
Dicha norma tiene como objetivo plantar cara a los principales retos en la educación actual española. El primero de ellos es la amplia tasa de alumnado repetidor por curso. Según el informe Pisa del año 2018, el 28,7% de los alumnos de 15 años han repetido al menos una vez, frente al 11,3% de la media de países de la OCDE. La repetición de curso, de hecho, es uno de los aspectos que más debate genera dentro del sistema educativo, si bien es cierto que ya hace tiempo que los expertos vienen alertando de que repetir curso no siempre es beneficioso.
Lo es en algunos casos, ya que no todo el alumnado madura al mismo tiempo, pero no lo es para muchos otros, que lo consideran un estigma. Efectivamente, existen expertos que vinculan la repetición con el abandono escolar temprano. Pues bien, la ley Celaá se propone ‘revolucionar’ la educación en este sentido.
Así, con la nueva norma se reduce de tres a dos el número de veces máximas que una persona puede repetir un curso escolar en la etapa de enseñanza obligatoria. Además, hasta ahora el pasar de curso o no dependía en gran medida del número de asignaturas suspendidas. Con la ley Celaá, en cambio, la decisión se deja en manos del cuerpo docente. Es decir, se pretende que solo se repita curso cuando el profesorado considere que ello beneficiará la trayectoria académica del estudiante o de la estudiante.
Otro de los principales retos que se plantea la ley educativa es una reducción de los currículums, calificados por la ministra Isabel Celaá de «enciclopédicos». Aquí lo que plantea la norma es reenfocar la educación hacia el «saber hacer» y no tanto hacia el «saber», tal y como se hacía hasta ahora.
Sí que es cierto que, entre gran parte de la comunidad educativa, especialmente entre el profesorado, se defiende la idea de que actualmente el currículum académico es demasiado extenso, y no da tiempo a explicar todo el contenido que este propone en un solo curso escolar.
Además, la ley Celaá, también conocida como LOMLOE, recupera los programas de diversificación curricular que eliminó la LOMCE o ley Wert. Así mismo, se prevén cambios en la FP básica, para la que se desarrollará una ley propia. Pero lo que sí parece seguro es que, si se aprueba el curso de este tipo de formación, se obtendrá el título de secundaria.
Otro de los aspectos curriculares en los que la ley Celaá mete cucharada es en la asignatura de religión. Los centros estarán obligados a ofrecerla, pero cursarla será voluntario, como hasta ahora. Las diferencias serán que, en primer lugar, la religión dejará de contar para la nota media y, en segundo lugar, desaparecerá su asignatura pantalla. Es decir, la materia que cursaba el alumnado que no optaba por la religión. Esto conllevará, según parece, que dicha asignatura ocupe o bien la primera hora de la mañana o bien la última de la jornada lectiva, puesto que el alumnado no puede estar sin clase en medio de la jornada escolar.
Puede que este sea el reto más complicado y que más polémica ha despertado en los últimos meses. La ley Celaá no pretende acabar con la escuela concertada, pero como novedad sí que busca garantizar que siempre haya una plaza en la educación pública para todo aquel que la demande. Esto es, la ley marca que «corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad de libre elección de centro». Es decir, la LOMLOE no niega que las familias puedan elegir centro como lo hacían hasta ahora.
Aunque el objetivo de la ley Celaá no es, como ya se ha dicho, acabar con la concertada, sí que es cierto que uno de sus principales retos es suprimir las llamadas escuelas gueto. Se trata de centros en los que predomina el alumnado con bajos recursos, mientras que las familias más adineradas suelen optar por la concertada.
Hace años se prohibió el pago de cuotas obligatorias en la escuela concertada, porque se entendía que perjudicaba el acceso a estos centros, financiados con fondos públicos, a alumnado con menos capacidad económica. Sin embargo, estos pagos ahora se camuflan bajo cuotas ‘voluntarias’. Así pues, la LOMLOE pretende que dichos pagos no se puedan realizar en concepto de actividades extraescolares o complementarias, no obligatorias, pero estables en horario lectivo. Es decir, con esta ley se prohíbe que los centros concertados metan dentro del horario de clases cursos, por ejemplo, de deportes. No obstante, el control del cumplimiento de este aspecto recae sobre las autonomías, que tradicionalmente no han dedicado mucho esfuerzo a dicha tarea.
Mientras tanto, según un estudio de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol, que ha analizado el sistema educativo de 64 países, establece que España es uno de los que posee más escuelas gueto. Esta información no es nueva y, de hecho, durante los últimos años la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño y la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país, según el estudio «Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico», publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.
Junto al informe, Save the Children ha presentado una serie de propuestas para acabar con las escuelas gueto, como financiar a los colegios en función del alumnado vulnerable que escolaricen, acompañarlos para desagregarlos y lograr la mayor calidad posible en todos los centros educativos, así como modificar el algoritmo de asignación de plazas para aumentar la diversidad en los colegios y hacer más justo el proceso de elección.
También establecen la necesidad de aumentar el peso de los criterios socioeconómicos en los baremos de admisión y eliminar puntos por antiguo alumno o alumna o discrecionales en los baremos de prioridad, que actualmente otorgan aún más ventaja a las familias de rentas altas en algunas autonomías.
Los autores del informe insisten también en promover un sistema de doble reserva de plaza ajustado a la composición social del entorno, así como una nueva gestión de la ‘matrícula viva’, que suele enviar a ese alumnado a centros educativos que ya sufren problemas de segregación, agravando así su situación. Finalmente, también señalan la necesidad de mejorar la información y el acompañamiento a las familias en el proceso de elección.
Save the children y Esadeecpol proponen medidas para reducir la segregación escolar garantizando la libertad de elección de centro: https://www.savethechildren.es/notasprensa/save-children-y-esadeecpol-proponen-medidas-para-reducir-la-segregacion-escolar
España ya tiene nueva ley de educación y así te afectan los cambios que incorpora: https://www.eldiario.es/sociedad/espana-nueva-ley-educativa-afectan-cambios-incorpora-lomloe_1_6561359.html
El gran reto de la ‘ley Celaá’: bajar la curva de repetidores: https://elpais.com/educacion/2021-02-01/el-gran-reto-de-la-ley-celaa-bajar-la-curva-de-repetidores.html
